Expectativas de desempeño

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La participación en el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) requiere un compromiso con nuestros 10 Principios del ICMM y todas las expectativas de desempeño conexas. Nuestras expectativas de desempeño han sido ideadas con amplia participación de ONG, organizaciones internacionales y académicos.

En 2003, el ICMM publicó 10 Principios para el desarrollo sostenible a fin de inspirar cambios en la industria de la minería y los metales y promover una mejora en el desempeño. Los Principios se han convertido en un estándar de buenas prácticas para nuestros miembros y, en algunos aspectos, también han ayudado a mejorar el desempeño en todo el sector. Con el tiempo los hemos ampliado con ocho declaraciones de posición sobre cuestiones esenciales, como la biodiversidad, la gestión del agua y la transparencia de los ingresos.

En la medida en que ha mejorado el desempeño de la industria han seguido evolucionando las expectativas de la sociedad. Las expectativas de desempeño adjuntas son el punto más reciente en la evolución del marco de sostenibilidad del ICMM, y presentan un amplio conjunto de condiciones ambientales y sociales, incluidas cuestiones tales como los derechos laborales, el reasentamiento, el contenido local, el género, el acceso a los mecanismos de queja, el cierre de las minas, la contaminación y los desechos, que han de ser validados en el nivel de los activos.

El ICMM está elaborando orientaciones sobre el modo en que los miembros validarán las expectativas de desempeño en el plano operativo, incluso mediante evaluaciones de terceros independientes. Esperamos completar esta guía a mediados de 2019. La guía se pondrá a prueba durante el segundo semestre de 2019, y a esto seguirá su plena aplicación en los distintos miembros.

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Principio 1

Implementar y mantener prácticas éticas de negocios y sistemas sólidos de gobierno corporativo y transparencia para respaldar el desarrollo sostenible.

1.1  Establecer sistemas que permitan garantizar el cumplimiento de la
legislación aplicable en todo momento.1

1.2  Implementar políticas y prácticas dirigidas a prevenir el soborno y la
corrupción, e informar públicamente sobre los pagos de facilitación
realizados.

1.3  Implantar políticas y normas coherentes con el marco normativo del ICMM.

1.4  Asignar la responsabilidad del desempeño en materia de sostenibilidad a
nivel del consejo de administración o del comité ejecutivo.

1.5  Revelar el valor y los beneficiarios de las contribuciones políticas efectuadas, tanto financieras como en especie y ya sea de manera directa o a través de un intermediario.

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Principio 2

Integrar los temas de desarrollo sustentable a la estrategia y el proceso de toma de decisiones de la empresa.

2.1  Integrar los principios del desarrollo sostenible en los procesos
estratégicos y de adopción de decisiones de la empresa en relación con las
inversiones y con el diseño, la operación y el cierre de sus instalaciones.

2.2 Promover la adopción de políticas y prácticas responsables y basadas en
el riesgo en las esferas de la salud y la seguridad, el medio ambiente, los
derechos humanos y el trabajo por parte de los proveedores, contratistas y
socios en empresas conjuntas.

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Principio 3

Apoyar los derechos humanos fundamentales y el respeto por culturas, costumbres y valores, en la relación con los empleados y otros grupos afectados por nuestras actividades.

3.1  Apoyar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos mediante el desarrollo de un compromiso normativo
de respetar los derechos humanos, llevar a cabo una labor de diligencia
debida en materia de derechos humanos y disponer (o colaborar en) procesos
dirigidos a posibilitar la reparación de los efectos adversos que hayan
provocado o a los que hayan contribuido los miembros del ICMM en el ámbito
de los derechos humanos.

3.2  Evitar el desplazamiento físico o económico involuntario de las familias y las comunidades. Cuando esto no sea posible, aplicar la jerarquía de mitigación
y ejecutar acciones o recursos que aborden los efectos adversos residuales a fin de restaurar o mejorar las condiciones y los niveles de vida de las personas desplazadas.

3.3  Aplicar, en función del riesgo, un enfoque de derechos humanos y seguridad
coherente con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.

3.4  Respetar los derechos de los trabajadores absteniéndose de recurrir al
trabajo infantil o forzado, evitando la trata de seres humanos, absteniéndose
de asignar trabajos peligrosos o de riesgo a menores de 18 años, eliminando
el acoso y la discriminación, respetando la libertad de asociación y la
negociación colectiva y proporcionando un mecanismo para dar respuesta a
las reclamaciones de los trabajadores.

3.5  Remunerar a los empleados con unos salarios que igualen o superen los
requisitos legales o que representen un salario competitivo en el mercado
de trabajo (lo que sea mayor), y asignar el horario de trabajo (tanto las horas
ordinarias como las extraordinarias) respetando los límites legalmente
establecidos.

3.6   Respetar los derechos, los intereses, las aspiraciones, la cultura y los medios de subsistencia basados en recursos naturales de los pueblos indígenas en el diseño, el desarrollo y la ejecución de los proyectos; aplicar la jerarquía de mitigación para hacer frente a los efectos adversos; y obtener beneficios sostenibles para los pueblos indígenas.

3.7  Trabajar para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos indígenas cuando sea probable que se produzcan efectos adversos
significativos como resultado de un reasentamiento, de la alteración de
tierras y territorios o del patrimonio cultural esencial, y recoger en los
acuerdos que se suscriban los resultados de los procesos de participación y
consentimiento.

3.8  Implementar políticas y prácticas para respetar los derechos e intereses de
las mujeres y apoyar la diversidad en el lugar de trabajo.

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Principio 4

Implementar estrategias de gestión de riesgo basadas en información válida y una sólida base científica, y que tengan en cuenta las percepciones de las partes interesadas en relación con los riesgos.

4.1  Evaluar los riesgos y las oportunidades ambientales y sociales de nuevos
proyectos y de cambios significativos en las operaciones existentes, en
consulta con las partes interesadas y afectadas, y divulgar públicamente los
resultados de la evaluación.2

4.2  Llevar a cabo un proceso de diligencia debida basada en el riesgo sobre el
conflicto y los derechos humanos. Este proceso debe estar en consonancia
con la Guía de debida diligencia de la OCDE en las áreas de conflicto o de alto
riesgo cuando la empresa desarrolle sus operaciones o realice adquisiciones
en una zona de alto riesgo o afectada por un conflicto.

4.3  Implementar controles basados en el riesgo para evitar, prevenir, minimizar, mitigar o corregir los efectos sobre la salud, la seguridad y el medio ambiente que afecten a los trabajadores, las comunidades locales, el patrimonio cultural y el entorno natural; dichos controles deben basarse en una norma o un sistema de gestión reconocidos a nivel internacional.

4.4  Desarrollar, mantener y poner a prueba planes de respuesta a emergencias. Cuando los riesgos para las partes interesadas externas sean significativos, esta tarea deberá llevarse a cabo en colaboración con las partes interesadas que puedan verse afectadas y en coherencia con las buenas prácticas establecidas en la industria.

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Principio 5

Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño en salud y seguridad con el objetivo último de lograr la ausencia total de daños.

5.1  Implementar prácticas destinadas a mejorar continuamente la salud y
seguridad en el lugar de trabajo, y supervisar el desempeño con miras
a la eliminación de muertes por accidentes de trabajo, lesiones graves y
prevención de enfermedades profesionales sobre la base de una norma o
sistema de gestión internacionales reconocidos.

5.2  Proporcionar a los trabajadores una formación acorde con sus responsabilidades en materia de salud y seguridad, e implementar programas de vigilancia de la salud y de seguimiento basado en el riesgo en función de la exposición ocupacional.

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Principio 6

Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño ambiental, por ejemplo en el ámbito de la gestión del agua, el consumo de energía y el cambio climático.

6.1  Planificar y diseñar el cierre en consulta con las autoridades y los interesados pertinentes, aplicar medidas para abordar aspectos ambientales y sociales relacionados con el cierre de operaciones, y crear una provisión financiera que permita cumplir los compromisos acordados en torno al cierre de operaciones y posteriores al cierre.

6.2  Implementar prácticas de gestión del agua que garanticen una gobernanza sólida y transparente de los recursos hídricos, y una gestión eficaz y eficiente del agua en las operaciones, y colaborar con las partes interesadas a nivel de las cuencas para lograr un uso sostenible y responsable de los recursos hídricos.

6.3  Diseñar, construir, gestionar, supervisar y desmantelar instalaciones de almacenamiento/eliminación de desechos utilizando prácticas de gestión integrales y basadas en el riesgo, en consonancia con las buenas prácticas reconocidas a escala internacional, para minimizar el riesgo de que se produzca un fallo catastrófico.3

6.4  Aplicar la jerarquía de mitigación para evitar la contaminación, gestionar los vertidos y los desechos y abordar los posibles efectos sobre la salud humana y el medio ambiente.

6.5  Implementar medidas dirigidas a mejorar la eficiencia energética y a
contribuir a un futuro con bajas emisiones de carbono, e informar sobre
los resultados de dichas medidas con base en protocolos reconocidos
internacionalmente para medir las emisiones de CO2 equivalente (gases de
efecto invernadero).

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Principio 7

Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a enfoques integrados de planificación territorial.

7.1  Abstenerse de explorar o desarrollar nuevas minas en lugares que sean Patrimonio Mundial, respetar las áreas protegidas establecidas por ley, y diseñar y gestionar cualquier nueva operación (o los cambios en operaciones existentes) de un modo compatible con el valor asignado a esas zonas.

7.2  Evaluar y enfrentar los riesgos y los impactos sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas mediante la aplicación de una jerarquía de mitigación, con el propósito de lograr que no se produzca una pérdida neta de biodiversidad.4

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Principio 8

Facilitar y estimular el diseño, uso, reutilización, reciclaje y disposición responsables de nuestros productos que contengan metales y minerales.

8.1  En el diseño, la ejecución y el desmantelamiento de los proyectos, implementar medidas rentables para la recuperación, reutilización o reciclaje de la energía, los recursos naturales y los materiales.

8.2  Evaluar los peligros de los productos de la actividad minera de acuerdo con el Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones Unidas u otros sistemas reglamentarios equivalentes pertinentes, e informar sobre dichos peligros a través de fichas técnicas y etiquetado de seguridad, según proceda.

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Principio 9

Contribuir al desarrollo social, económico e institucional de las comunidades situadas en nuestras áreas de operación.

9.1  Implementar enfoques inclusivos con respecto a las comunidades locales para identificar sus prioridades de desarrollo y apoyar actividades que contribuyan a que estas disfruten de un bienestar socioeconómico duradero, en colaboración con los gobiernos, la sociedad civil y los organismos de desarrollo, según proceda.

9.2  Posibilitar el acceso de las empresas locales a oportunidades de adquisición y contratación a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, tanto de forma directa como alentando a contratistas y proveedores de mayor tamaño, y también respaldando iniciativas encaminadas a mejorar las oportunidades económicas para las comunidades locale.

9.3  Fomentar la participación de las partes interesadas a partir de un análisis del contexto local, y proporcionar a los interesados locales acceso a mecanismos eficaces para resolver las reclamaciones relacionadas con la empresa y sus actividades.

9.4  Colaborar con el gobierno, cuando proceda, para apoyar la mejora de las prácticas ambientales y sociales de la minería artesanal y a pequeña escala a nivel local.

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Principio 10

Implementar con nuestras partes interesadas mecanismos de información, comunicación y participación que sean efectivos, transparentes y verificables independientemente.

10.1 Identificar y colaborar de manera abierta y transparente con las partes interesadas externas clave del sector empresarial en las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible.

10.2 Apoyar públicamente la aplicación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y recopilar información sobre todos los pagos significativos efectuados en los niveles adecuados de gobiernos, por país y por proyecto.

10.3 Informar anualmente sobre el desempeño económico, social y ambiental a nivel corporativo, utilizando las normas de la GRI para la elaboración de informes sobre la sostenibilidad.

10.4 Llevar a cabo anualmente una verificación independiente del desempeño en materia de sostenibilidad siguiendo la guía del ICMM sobre el cumplimiento y la verificación de los requisitos de participación.

También disponible en inglés, francés, japonés, portugués y ruso.

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Notas

1.  Téngase en cuenta que las empresas miembros del ICMM ya cumplen todas las leyes aplicables en los países en los que operan. Sin embargo, muchas partes interesadas manifiestan su deseo de que las empresas mineras demuestren que cuentan con sistemas sólidos para garantizar el cumplimiento de la normativa legal.

2.  Estas evaluaciones deben abarcar cuestiones como el aire, el agua, la biodiversidad, el ruido y la vibración, la salud, la seguridad, los derechos humanos, el género, el patrimonio cultural y las cuestiones económicas. El proceso de consulta debe ser sensible al género e incluir a los grupos marginados y vulnerables.

3.  Se puede estudiar la eliminación de desechos en cursos de agua, lagos de agua dulce y/o entornos marinos poco profundos únicamente si se considera la opción más prudente desde el punto de vista ambiental y social a partir de una evaluación objetiva y rigurosa del impacto medioambiental y social de las diferentes alternativas de gestión de desechos. El alcance de la evaluación debe ser acordado entre la empresa miembro y el gobierno del país en el que esta desarrolle su actividad.

4.  La ambición de “cero pérdida neta” de biodiversidad aplica a nuevos proyectos y expansiones de gran extensión que impacten a servicios del ecosistema.